Una Ley de Claridad: ¿Una solución para el caso de Cataluña en España?

*Cataluña y una propuesta de Ley de Claridad para España

A día de hoy, no hemos acertado en la respuesta al desafío que se plantea en Cataluña en una coyuntura irrepetible por las circunstancias que han concurrido (sentencia sobre el Estatut, crisis económico-financiera con graves consecuencias sociales, corrupción en Cataluña y España, falta de una estrategia de diálogo entre los Gobiernos, ausencia de un proyecto federal conocido, agravios por ambas partes, pérdida de peso de una fuerza puente decisiva como el PSC, ..) y que han disparado el deseo de independencia.

Tampoco se ha sabido hacer pedagogía política de una alternativa federal asimétrica, flexible y democrática. Y reconociendo que la pretensión de independencia es legítima sin violencia y que no se puede retener a nadie por la fuerza, los federalistas, los Constitucionalistas -no me gusta la expresión de unionistas- hemos de ofrecer un cauce democrático y legal para que pudiera ser posible una consulta con garantías de legalidad y de respeto a reglas democráticas. Desde la convocatoria de una consulta con una pregunta clara, hasta el final del proceso negociador entre las partes para fijar las condiciones pactadas de una hipotética separación.

Pero esa vía de claridad habría de partir, necesariamente, de una consulta pactada, reglada y legal, absolutamente respetuosa con el Estado de Derecho. Nada de eso ha sucedido hasta ahora, ninguna garantía democrática ha sido tenida en cuenta ni por los soberanistas catalanes ni por Podemos y Ada Colau. Detallaré la propuesta más adelante.

Conviene recordar que los resultados de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 en Cataluña no fueron para nada concluyentes, y menos para justificar una declaración unilateral de secesión a un plazo de 18 meses y por encima de toda legalidad. En cualquier caso, el Estado no aceptará ser interpelado desde fuera de la legalidad.

Tampoco los datos de las elecciones generales del 20D han servido para clarificar la situación política en Cataluña. De momento no han permitido formar un nuevo Gobierno en La Moncloa que intente avanzar por una vía política, diferente a la exclusiva defensa de la legalidad, entendida ésta como una camisa de fuerza.

- CONJUGAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE DEMOCRACIA.

Para pasar de la confrontación al entendimiento es necesario que las partes asuman dos principios: el principio de legalidad, por el que no hay diálogo posible si no se respeta la legalidad constitucional, y el principio de democracia, por el que se debe reconocer que existe en Cataluña una expresión independentista muy relevante que no puede ser ignorada por los demócratas en el resto de España. Sin embargo, excepto la genérica invocación al diálogo y el consenso, nadie parece patrocinar una fórmula para conjugar ambos principios, plenamente y al mismo tiempo, para buscar una solución.

La lista independentista “Junts pel Sí” no reconoce el principio de legalidad. CDC y ER se han embarcado en un proceso hacia una declaración unilateral de independencia que tuvo, como importante episodio, el fraude de ley de unas elecciones autonómicas convertidas en plebiscito.

Podemos, con “Sí que es Pot”, invoca el derecho a decidir para celebrar un referéndum vinculante y en el plazo de un año, sin establecer ninguna garantía democrática en cuanto a la exigencia de mayorías cualificadas o a la claridad democrática del proceso a seguir. Pablo Iglesias disfraza el derecho a la autodeterminación como derecho a decidir. Pero nunca Naciones Unidas reconocerá ese derecho a Cataluña: porque no sufre ocupación colonial o ausencia de democracia, no se ha impedido el desarrollo de sus singularidades ni carece de sistema de autogobierno. Además, el derecho a decidir desprecia el principio de legalidad y el imperativo de negociar a partir de ella.

El PP y Ciudadanos, por su parte, se atienen al principio de legalidad sin reconocer el principio de democracia o de la voluntad ciudadana: "España ha decidido ya sobradamente la cuestión en la historia y en la Constitución". Este argumento considera como valor supremo la indisoluble unidad de la nación española anteponiéndolo a la libertad y pluralismo político que establece la Constitución como valores superiores.

- ¿CÚAL ES AHORA LA PRIORIDAD?

El PSOE y el PSC debieran ser la opción política que por trayectoria histórica pudiera abrirse a una nueva reflexión en la que prime el ejercicio de la política con mayúsculas. Siempre ha respetado las singularidades nacionales y ha gobernado en diálogo con ellas. Además, invoca la reforma de la Constitución y una redefinición federal de España. Pero, aunque el federalismo en el marco de la reforma Constitucional fuera una solución, no sabemos en qué plazo se daría. ¿Y mientras? Entiendo que sin conjugar los principios de legalidad y de democracia no parece posible ofrecer una solución aceptada por la gran mayoría de catalanes que desea ser consultada.

Lo cierto es que ahora toca, sobre todo si se lograra un gobierno de progreso en España, poner en marcha con diálogo, voluntad negociadora y una visión plurinacional del Estado, la vía política para definir un nuevo encaje de Cataluña en España. Hay que evitar una consulta que tendría, tal y como hasta ahora se viene planteando, un efecto traumático y de riesgo de fractura social. Pero no me detendré sobre ello porque no es el objeto de estas notas.

- ¿EN QUÉ CONSISTE UNA LEY DE CLARIDAD?

Con ánimo de concretar una solución realmente democrática y como último paso para el caso de que fracasara una auténtica apuesta por la negociación política, no intentada de verdad por Rajoy y Mas, insisto en una vía que combina ambos principios. La propuesta consiste en que Las Cortes sancionen una Ley de Claridad teniendo en cuenta los criterios jurídicos y valores constitucionales que llevaron a Canadá a aprobar su Ley de Claridad:

1- Que establezca como inicio del proceso la necesidad de un pronunciamiento de mayoría reforzada de 2/3 por el Parlamento de Cataluña a favor de efectuar una consulta pactada con el Gobierno de España que plantee una pregunta clara. Recuerdo que ya se exige 2/3 para que el Parlamento de Cataluña reforme su Estatut.

2- Las Cortes estarían obligadas a recoger esta petición y pedirían al Gobierno de la Nación la convocatoria de una consulta para comprobar la voluntad de los catalanes. La Ley de Claridad habría fijado ya su carácter consultivo, la obligación de formular una pregunta clara, la participación mínima exigible y las mayorías cualificadas de apoyo requeridas en cada territorio.

3- En caso de un pronunciamiento claramente favorable a la independencia, ésta no sería automática, pero sí que daría lugar a la apertura de una negociación bilateral y de buena fe con el Estado para estudiar los posibles términos de la separación u otro tipo de vínculo de permanencia de Cataluña en España que surgiera en ese proceso negociador. En función del resultado de la negociación, y si la conclusión fuera una propuesta de separación de Cataluña, se efectuaría por Las Cortes la compleja reforma de la Constitución, sometida luego a referéndum en toda España.

- LA SOLUCIÓN ES RESPETUOSA CON EL ESTADO DE DERECHO.

Esta propuesta no puede ser tachada por nadie de ilegal, ni responde a ninguna lógica autodeterminista, ni tampoco se basa en un supuesto derecho a decidir. Daría satisfacción, con garantías democráticas y de legalidad, a la pretensión de los sectores de catalanes que piden una consulta pero no quieren la independencia.

La fórmula reúne ventajas: es realizable dentro de la legalidad constitucional; exige diálogo y negociación constantes desde el comienzo; respeta el principio democrático con una consulta; y solamente en el caso de que ésta se inclinara con claridad hacia el independentismo, con las garantías exigidas en la ley, se promoverían los cambios constitucionales que solo el conjunto de los pueblos del Estado español puede aprobar.

Esta vía coincide con la opinión de expertos como Rubio Llorente y sus “nueve tesis sobre Cataluña”. Además están los precedentes en países con situaciones parecidas. Se apoya en los principios recogidos en el dictamen de la Corte Suprema de Canada sobre la secesión de Quebec, que a su vez sirvieron de referencia para la reciente celebración en 2013 del referéndum pactado entre Cameron y el Gobierno de Escocia.

En su esquema procedimental una ley que se aprobara en España podría mejorar los contenidos y la aplicación de la Ley de Claridad utilizada en Canadá (año 2000) para el caso de Quebec.

Si otros países de respetable cultura política democrática, como Canadá y Gran Bretaña, para la solución de un problema parecido han combinado los grandes principios de legalidad y democracia mediante una Ley de Claridad, ¿por qué no España? El desarrollo de la propuesta no sería hoy una prioridad pero convendría trabajarla a fondo.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

*Texto de la conferencia que ofrecí sobre "Cataluña y España", organizada por la entidad "La Tercera Vía" en el Círculo de Economía.

Barcelona, 10 de marzo de 2016