Los Ayuntamientos han de combatir la crisis y la corrupción

Quiero hacer un reconocimiento a los ayuntamientos que por ética política no han permanecido ajenos a las desigualdades que se han acentuado en sus calles y barrios a raíz de la crisis. A los que se han negado a convertirse en testigos mudos o en simples observadores de los ataques a la cohesión social que provocan las políticas neoliberales de ajuste y precariedad.

Mi apoyo como socialista a los gobiernos locales que no se han comportado, en estos casi cuatro años, como cómplices de un gobierno reaccionario en La Moncloa. El mismo que desde la ley de reforma local les recorta competencias en servicios sociales cuando más las necesitan para hacer frente al crecimiento de las peticiones de ayudas que se les plantean como instituciones más próximas a la gente.Ha habido ayuntamientos que han sabido actuar en vanguardia, arbitrando respuestas a la crisis, estando en la primera línea de atención a la ciudadanía, destinando de modo prioritario sus recursos a paliar las consecuencias.

Gracias al voluntariado ciudadano y a las ong's. A los alcaldes y alcaldesas que han entendido la importancia de luchar por la cohesión social, por hacer ciudades y pueblos más solidarios con los afectados por el desempleo y la exclusión, con las familias desahuciadas por la banca reflotada con dinero público ante la indiferencia del Gobierno, con la pobreza infantil y la necesidad de reforzar los comedores escolares y sostener bancos de alimentos; gracias por atender el gran incremento de las demandas de ayudas sociales en las ventanillas municipales.

En un país cuyo mapa de poder municipal aparece casi monopolizado por la derecha neofranquista, se necesitan alcaldes y alcaldesas rebeldes ante un sistema económico injusto que provoca desigualdad y pobreza. Frente a la crisis y la corrupción ha habido gobiernos locales, sobre todo en pueblos y mucho menos en capitales, que han sabido afrontar el nuevo papel de los ayuntamientos asumiendo tareas de solidaridad ante la situación de emergencia, desarrollando otra forma de hacer política municipal, de manera más eficaz y transparente, promoviendo -de verdad- procesos de participación democrática, de empoderamiento y corresponsabilidad ciudadana en la gestión municipal.

Estamos en plena precampaña de las municipales en medio de un temporal de casos de corrupción, buena parte de los cuales se han desencadenado en los Ayuntamientos. Hablo de casos vinculados a operaciones de fraudes urbanísticos, contrataciones y concesiones tramposas.

Por ello, la ciudadanía deberá ser rigurosa a la hora de evaluar en las elecciones municipales la gestión realizada por los gobiernos locales y emitir un juicio electoral implacable contra quienes desde las alcaldías hayan sido incapaces de rebelarse en defensa de la ciudadanía.

Un juicio que ha de extenderse a los sospechosos de corrupción, a los sumisos al orden establecido y a los que miraron a otro lado en vez de ponerse en cabeza de la manifestación contra leyes que atacaban el estado de bienestar, que provocaban el cierre o deslocalización de empresas y permitían los desahucios.

Pido un voto de censura contra los alcaldes y alcaldesas que no hayan puesto en marcha mecanismos de un sistema de democracia local participativa, vinculada no solo a la presencia real de los agentes sociales y la ciudadanía en la gobernanza de la ciudad, sino también a un ejercicio de búsqueda de corresponsabilidad y complicidad ciudadana en la gestión mediante "contratos ciudadanos".

Contratos entendidos como compromisos entre el gobierno local y la ciudadanía sobre derechos y obligaciones para ambas partes, como una derivada del concepto de ciudad educadora en valores. Y los valores más importantes son la honestidad, la proximidad a la gente, la transparencia, la eficiencia y la defensa del interés general.

Superado el tiempo de la competencia entre ciudades y de las ofertas electorales en las que prometíamos hacer más y más proyectos de inversión, se impone el reto de poner en valor y buscar un mayor aprovechamiento de los servicios y equipamientos existentes.

Son tiempos para evitar gastos superfluos con la ayuda de la ciudadanía, para crear "mesas contra la crisis" desde las que luchar contra sus efectos -en coordinación con entidades sociales- y "mesas sobre el empleo" en las ciudades con presencia de los agentes sociales y económicos.

Odón Elorza

Ex-Alcalde de San Sebastián y Diputado Socialista por Gipuzkoa

Publicado en Publicoscopia el 1 de febrero de 2015