LA ONU DENUNCIA A RAJOY

Se cumplen 75 años del final de la guerra civil pero aún no hemos conseguido cerrar las heridas porque se han mantenido demasiados silencios y muchos tabúes durante los pasados años de democracia. Ha tenido que ser la ONU quien nos recuerde las tareas pendientes y quien eleve la voz ante los incumplimientos que hace la derecha gobernante de la ley de Memoria Histórica.

Tras la reciente visita a España del relator especial sobre casos de desapariciones forzadas, Pablo de Greiff, la ONU ha trasladado un informe en el que plantea una larga lista de 42 recomendaciones dirigidas al Gobierno del Presidente Rajoy para que cumpla las disposiciones de la ley de Memoria Histórica que lideró el anterior Presidente, Rodríguez Zapatero, y aprobó el Congreso casi por unanimidad en 2007.

El texto es una denuncia de envergadura que debiera avergonzar a la derecha gobernante, aunque conocida su mentalidad inmovilista y su práctica involucionista, es de suponer que habrá respondido al documento de la ONU con un gesto de desprecio. Esa actitud exige una acción política decidida, especialmente desde las filas socialistas, para presionar y dejar en evidencia al PP en la reapertura del periodo legislativo en septiembre.

Es muy posible que el Gobierno no responda a la petición de que en un plazo de 90 días presente un cronograma indicando a la ONU las medidas que se llevarán a cabo para atender sus peticiones, cómo piensa respetar la ley de Memoria Histórica y asistir debidamente a los familiares de las víctimas de la guerra civil así como de una dictadura franquista en la que se siguieron produciendo infinitos actos de terror, violencia y castigo contra miles de personas.

Por eso he vuelto a presentar, como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, diferentes iniciativas que mantengan de actualidad la posición de la ONU. El citado informe no debiera pasar inadvertido para la opinión pública y el Presidente Rajoy y nos recuerda que España está "obligada" por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada en 2010, a "asumir su responsabilidad" y elaborar una política de Estado comprensiva, coherente y permanente que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura investigar para saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar los restos que todavía permanecen de manera indigna en las cunetas.

El posicionamiento de la ONU coincide y abunda en las reiteradas denuncias formuladas públicamente por las asociaciones de familiares de las víctimas del franquismo y por el Grupo Parlamentario Socialista, entre otros, sobre los incumplimientos reiterados de la Ley de Memoria Histórica por parte del PP. Recordaré algunos de los requerimientos formulados al Gobierno:

- A colaborar con recursos en las tareas de búsqueda y exhumación de los desaparecidos forzados y asesinados durante la guerra civil y la dictadura mediante un Plan Nacional de búsqueda y de ayudas en los diferentes campos para la realización e investigación de las exhumaciones.

- A favorecer las investigaciones judiciales sobre los desaparecidos. - A que apoye la creación de una Comisión de la Verdad que aborde la cuestión de las violaciones de los derechos humanos acaecidos durante la guerra civil y a posterior en la dictadura.

- A dotar de una partida a los Presupuestos Generales del Estado para el cumplimiento de los objetivos contemplados en la Ley de Memoria Histórica de 2007.

- A recuperar y reabrir la Oficina de atención a las víctimas de la guerra y la dictadura franquista.

- A eliminar los símbolos y nombres de calles franquistas de la geografía española.

- A colaborar en la defensa del principio de Justicia Universal para que se facilite la investigación de casos de desaparición forzada en España y, además, se colabore con los Estados que abran investigaciones sobre este tipo de delitos.

- A atender las recomendaciones de la Comisión de Expertos, sobre la necesidad de resignificar y reformar los contenidos del mausoleo de El Valle de los Caídos.

Por cierto, tengo que hacer referencia especial al citado conjunto monumental que debería dejar de ser en la práctica un "espacio exclusivo" de homenaje a las víctimas de una de las partes implicadas en la guerra civil. En este sentido, conviene recordar el Informe realizado en 2011 por expertos a petición del entonces Presidente Jose Luis Rodriguez Zapatero que, en resumen, recomienda entre otras cuestiones :

lograr consensos políticos y sociales para avanzar en la tarea de resignificar y reconvertir el sentido de El Valle de los Caídos, dignificar el cementerio, frenar el deterioro general de edificaciones y esculturas, atender reclamaciones de familiares de personas enterradas, crear un espacio de reflexión cívica a modo de memorial así como un centro de interpretación e investigación de la historia, cuidar el parque natural, exhumar y sacar de allí los restos del dictador Franco y que los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera se trasladen a un lugar fuera del altar.

Es un escándalo mantener como está El Valle de los Caídos porque no es útil para educar en la cultura de paz sino que es contrario a la cultura de la convivencia, no sirve para profundizar en el objetivo de la reconciliación entre la ciudadanía sino para mantener heridas abiertas, ni para mostrar el reconocimiento igualitario a la memoria de todas las víctimas de la guerra civil como un progreso moral en la convivencia. Por el contrario, deja patente una inadmisible jerarquía funeraria por lo que representa un desprecio a la mayor parte de las personas allí enterradas, no ayuda a formar una sociedad más culta y crítica, ni sirve para explicar las causas y el desarrollo de la guerra civil, las consecuencias de la dictadura o la propia existencia del mausoleo.

Después de 75 años es triste reconocer que le quedan muchas tareas pendientes a la democracia española.

Odón Elorza

Diputado Socialista por Gipuzkoa

Publicado en Publicoscopia.com el 12 de agosto de 2014.

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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