¿CÓMO RENDIR EL CONGRESO A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA?
- Escrito por Super User
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No es una tarea difícil, ni un objetivo político imposible o revolucionario. Lo digo porque parto de mi experiencia personal como diputado socialista que vive las limitaciones del funcionamiento del Congreso y que en mi otra vida, durante 20 años como alcalde de San Sebastián, puse en marcha y disfruté con pasión y muy distintos resultados procesos innovadores de consulta y codecisión con participación de la ciudadanía y entidades.
Aquello me animó a analizar, en estos tiempos de desafección ciudadana hacia las instituciones y los políticos, la calidad democrática de los procedimientos que seguimos en el Congreso. Y a estudiar los cambios a introducir en el reglamento de la Cámara ayudado por documentos de organizaciones, expertos y ejemplos prácticos que encontré en internet. Por estas razones siento la carencia de cauces concretos que garanticen la participación ciudadana de colectivos y entidades interesadas así como la reducida transparencia existente en los procesos de reflexión, debate y decisiones legislativas de nuestro Parlamento.
Soy consciente de las dificultades para avanzar en la negociación de los grupos parlamentarios con la Vicepresidenta del Gobierno de Rajoy para acordar la reforma de un mínimo de 10 leyes que hagan realidad la pendiente regeneración democrática y permitan una lucha eficaz contra la corrupción. Pero la crisis que afecta a la credibilidad de las instituciones exige también una revisión inmediata y profunda del funcionamiento de un Congreso desprestigiado, un rescate que pasa por la reforma de su reglamento. Y sin embargo, el acuerdo sobre un nuevo reglamento se está haciendo esperar demasiado y sin justificación. Para ello, en marzo de este año presenté una Proposición (PNL) con 18 medidas para su tramitación.
Reconozco que ha habido tiempo, en anteriores legislaturas con gobiernos socialistas, para acometer esta tarea. No me explico por qué no lo hicieron. El caso es que el cambio del modelo parlamentario debiera perseguir un doble objetivo: dignificar el ejercicio de la democracia representativa y abrir cauces a la democracia participativa. La doble dimensión de la democracia se vincula a una nueva gobernanza y conlleva: Por un lado, permitir un control efectivo sobre el Gobierno y otras instituciones favoreciendo sus comparecencias para rendir cuentas, intensificando los trabajos de las comisiones de áreas y posibilitando la creación de comisiones de investigación. De otro, conseguir un Parlamento abierto a la transparencia, ágil, que escuche a la calle y promueva la participación social -presencial y online- para empoderar a la ciudadanía en tareas de impulso y deliberación de los procesos legislativos.
De entrada, veo necesario un Plan Estratégico del Gobierno con actuaciónes para fortalecer la calidad de la democracia y dirigido al sistema educativo, a los medios de comunicación, organizaciones y agentes sociales, instituciones y partidos políticos. Este Plan buscaría el compromiso ético de ciudadanía, funcionarios, empresarios y políticos con "la cultura de la transparencia, la participación y la corresponsabilidad desde el cumplimiento de las obligaciones propias de un Estado de Derecho".
Es urgente reformar la Ley Orgánica sobre la Iniciativa Legislativa Popular, un instrumento de participación directa en la elaboración de leyes para facilitar su ejercicio por la ciudadanía. Vistos los vergonzosos hechos que se dieron con ocasión de la tramitación que sufrió la ILP sobre los Desahucios, precisa la reducción del número de firmas exigibles y su recogida por vía telemática, incluir la opción de la retirada de la ILP por los promotores, su defensa por los representantes durante toda su tramitación en el Congreso, así como un replanteamiento de las materias hoy excluídas de una ILP.
El nuevo reglamento ha de incorporar la celebración anual en el Pleno del Congreso de un "Debate Social sobre el estado de la Nación", con intervención -para exponer allí sus visiónes y peticiones al Congreso- de una pluralidad de entidades y organizaciones sociales, siempre con anterioridad al debate anual de politica general entre el Gobierno y los Grupos Parlamentarios. Seguro que habiendo escuchado antes a la calle, adquirirá más sentido e interesará más a la ciudadanía el gran debate parlamentario.
Sería sencillo reforzar el papel de las Audiencias y las Comparecencias públicas en Comisiones y Ponencias del Congreso por parte de los agentes sociales, expertos y organizaciones interesadas o afectadas por el contenido de una iniciativa legislativa, con el objetivo de escuchar su opinión y dar mayor peso a su influencia en la posterior toma de decisiones por los parlamentarios. No olvido que en la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual no se dió comparecencia previa a los profesionales y empresas afectadas del mundo cultural.
También es preciso reformular el Derecho de Petición creando una Comisión Permanente de Peticiones y Participación que tenga la facultad de convocar en "audiencia especial" a los autores de peticiones ciudadanas, preguntas o iniciativas colectivas apoyadas por un determinado número de firmas para que las puedan defender en el Congreso y sean luego asumidas por los diputados para su tramitación como demandas de origen ciudadano. Además, como una buena práctica parlamentaria que vengo desarrollando, el Congreso tendría que favorecer las iniciativas parlamentarias consideradas incluyentes y participativas. Me refiero a las que en su fase de preparación se produzca un proceso de consulta e implicación de colectivos afectados por la cuestión, ofreciéndoles partícipar en la preparación y redacción del contenido de las iniciativas, manteniéndoles, a posterior, informados de su tramitación y resultado.
La creación de Foros deliberativos con presencia de ciudadanos, entidades y parlamentarios, estaría destinada a promover la deliberación, la consulta y el debate social sobre una materia concreta para superar las insuficiencias del sistema representativo y hacer posible un mayor control de los representantes.
En relación con el papel a jugar por las nuevas tecnologías, se deberá potenciar la presencia en las redes sociales de la institución con su actividad y de los parlamentarios para poder interactuar con la ciudadanía. Un Parlamento abierto ha de ofrecerse como un espacio de diálogo y debate permanente, lo que exige un compromiso de escucha y respuesta a las personas y una comunicación bidireccional. Todo ello con el apoyo de guías de buenas prácticas de uso, cursos formativos a parlamentarios y funcionarios y nuevas herramientas digitales.
En esa línea, es primordial garantizar la transparencia real en los contenidos de la información de la página web del Parlamento sobre sus actividades, votaciones, iniciativas, sesiones para el control al Gobierno, actas, presupuesto, documentos, informes y tramitaciones. Hay que hacer posible la reutilización de la información y facilitar su busqueda, a través de formatos abiertos, accesibles y en tiempo real para que la ciudadanía y las organizaciones puedan seguir y controlar la huella legislativa. Esta web no puede dirigirse a "ciudadanos expertos" y junto a la labor de ordenar con una visión integral la información (con vídeos, audios e infografías), se ha de ofrecer un canal de selección de la información que sea comprensible por el gran público, editando resúmenes con lenguaje cercano.
Las propuestas señaladas requieren la mejor disposición de diputados y diputadas que deben contar con oficinas parlamentarias abiertas, tanto de proximidad en su circunscripción como virtuales en las redes, disponiendo de una plataforma web y un buen programa para atender consultas, dialogar y rendir cuentas a los electores.
España sufre la decadencia de un modelo institucional que ha estado alejado de la calle y que ha soportado y convivido con la corrupción, cuestiónes a las que no hemos dado aún respuesta. Hay todavía muchos políticos que entienden que la democracia se limita a delegar el voto para cuatro años o que la democracia es un modelo acabado, en vez de reconocer que debemos redefinir los objetivos y el funcionamiento de la democracia del siglo XXI para dar paso a una nueva cultura política basada en la ética, la participación cívica, la transparencia de los partidos y la lucha por la igualdad.
No hay excusas y sobran motivos para asumir, en su caso, los posibles riesgos. Porque así no se puede continuar.
Odón Elorza Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa
Publicado en Publicoscopia el 23 de agosto de 2014