La desinformación es un arma contra la democracia.

La desinformación, con noticias falsas y bulos, discursos de odio y otros contenidos ilícitos o peligrosos discurren sin control por plataformas digitales y redes sociales que son la fuente en donde se informan, sin garantía de rigor y veracidad, un número creciente de personas, especialmente jóvenes. La manipulación de las herramientas digitales, al servicio de las posiciones ultras y trumpistas, las ha convertido en una amenaza para la Democracia. Y la situación empeora tras las decisiones de X y Meta de restringir su moderación de contenidos, a pesar de la reciente regulación europea que los gigantes tecnológicos no están cumpliendo.

La historia se repite y la comunicación juega un papel clave en la pervivencia de la Democracia. Ahora, el canal de la información es digital como consecuencia de la revolución tecnológica y al perder influencia y capacidad de intermediación los medios clásicos de prensa, radio y tv. En una sociedad digital resulta más fácil crear confusión en la opinión pública mediante la mentira, los bulos y las campañas organizadas en las plataformas, gracias a la aplicación de logaritmos y de la inteligencia artificial. Lo hemos visto con ocasión de la pandemia y las vacunas; en las elecciones de EEUU, Rumanía, Brasil, Alemania y otros países; durante la DANA, sobre su origen y el número de fallecidos; con el ensalzamiento de una dictadura franquista de 40 años; o con la actual campaña de Elon Musk pidiendo el voto en favor de la extrema derecha alemana.

La Democracia representativa no es eterna ni está garantizado que pueda resistir la estrategia de desinformación y mentiras que promueven sus enemigos y los errores y vicios que arrastra el propio sistema. Si no regeneramos y perfeccionamos la Democracia, sin demora, la perderemos. Olvidamos que su defensa costó millones de vidas y sacrificios el pasado siglo. Ahora, el asedio a la Democracia del populismo ultra es más sutil. No precisa de golpes de estado militar pero cuenta con otras armas con las que ganan elecciones y debilitan el sistema democrático. Entre ellas, las herramientas tecnológicas, la mentira como estrategia y una narrativa populista y antisistema.

En el siglo pasado, las fuerzas totalitarias -el nazismo alemán y después el comunismo soviético- eliminaron la Democracia en media Europa. Se utilizaron el terror, la propaganda política y los bulos racistas. También tenían en sus manos la mayor parte de los medios de prensa.

Hoy, las redes sociales están invadidas por la desinformación porque los gigantes tecnológicos no respetan la regulación europea y solo les importa ganar poder y obtener más beneficio económico. Por eso permiten contenidos ilegales, bulos y amplifican noticias falsas de gravedad desde cuentas falsas y robotizadas, sin retirarlas con rapidez ni suspender las cuentas de los autores. Por todo ello, se precisan respuestas efectivas de la UE para que se regule, con concreción, una desinformación que acelera la polarización de la sociedad. También debería la UE promover  un modelo democrático de redes sociales con vocación de servicio público y transparente.

Las grandes plataformas digitales de información, comunicación e interacción pública son propiedad de seis gigantes tecnológicos que actúan como un cuarto poder al ejercer su oligopolio. Su plan de negocio, formulado desde una posición política y económica ultraliberal, pasa por encima del interés general de la ciudadanía, de la ética digital y de la regulación europea que trata de ordenar su funcionamiento en un Estado de Derecho.

Los gigantes tecnológicos no garantizan el acceso a una información veraz (un derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución), el respeto al honor de las personas y a la privacidad de sus datos, la comunicación y el debate en libertad en sus redes. Por ello, la Comisión Europea decidió regular la actividad de las plataformas digitales para prevenir contenidos ilegales o peligrosos, así como para garantizar los derechos fundamentales de las personas y en particular los derechos de los menores, la seguridad de los usuarios y un funcionamiento transparente y controlado del ecosistema de servicios digitales.

El Reglamento sobre Servicios Digitales (conocido como DSA) aprobado en 2022 por el Europarlamento, así como el Código de buenas prácticas contra la desinformación -una norma de autorregulación a seguir por las plataformas digitales-, constituyen la normativa en el ámbito de la Unión Europea. Es de aplicación a las grandes corporaciones como Google, Instagram, X (antes Twitter), TikTok, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Zalando, Booking, YouTube, Dropbox, Telegram y Amazon.

Sin embargo, con ser un avance, el citado Reglamento resulta insuficiente porque la DSA no establece la responsabilidad de las plataformas por los contenidos ilegales o peligrosos cuya difusión permiten y amplifican, ni la obligación de aplicar filtros éticos y realizar una moderación de aquellos contenidos con carácter preventivo. 

Necesitamos una ley que identifique y tipifique aquellos casos de desinformación ilegal cuya falsedad sea verificable, que se efectúen con clara intención de engañar y causen perjuicios muy graves. Esta tarea, en desarrollo del Reglamento de la UE, se deja en manos de los Estados miembros mediante una ley nacional que respete los criterios que fija el Reglamento. Un proceso legislativo que requiere un consenso parlamentario amplio y plural, que será complejo y resbaladizo porque el resultado de una regulación de la desinformación no puede colisionar o afectar al ejercicio de la libertad de expresión ni servir para practicar la censura política.

La nueva ley tendría que hacer especial referencia a las campañas de desinformación que provienen de cuentas tóxicas organizadas y automatizadas con empleo de bots que buscan desestabilizar las instituciones de la Democracia y provocar graves alteraciones de la convivencia.

A pesar de sus limitaciones, la efectiva aplicación de un Reglamento muy garantista es un reto para los Estados de la UE y para la propia Comisión Europea a la vista de la actitud de Musk, Meta y TikTok. La clave reside en actuar con firmeza y voluntad política real de supervisar y democratizar el funcionamiento de las redes y hacerlo desde los Estados miembros sin dilación, desde la autoridad administrativa y la judicial, bien a iniciativa propia o atendiendo denuncias fundadas de usuarios y de alertadores fiables.

Odón Elorza / Licenciado en Derecho y ex Diputado por el PSOE (2012-2022).


San Sebastian 26 de enero de 2025. / Publicado en ethic.es