El debate sobre la desinformación.

Si queremos afrontar la regeneración de la política y mejorar la calidad de nuestra democracia, es preciso debatir y aprobar con un acuerdo muy amplio en el Parlamento, medidas legislativas en relación con cuestiones de gran complejidad como son la desinformación y la manipulación de las redes sociales.

Con el avance del populismo ultra y el trumpismo, se ha incrementado la polarización radical de la vida política en el marco de la era digital y por el papel que juegan las plataformas digitales. En especial, por la actitud de algunas redes que favorecen o promueven contenidos ilegales, la desinformación mediante la difusión de bulos, fake news de mayor o menor gravedad, discursos de odio, teorías conspiranoicas, injurias e informaciones insidiosas que atentan contra el honor de las personas e instituciones.

En muchas ocasiones, los gigantes tecnológicos incumplen sus obligaciones normativas de prever, moderar o eliminar contenidos ilegales y campañas de desinformación de gravedad, así como de suspender cuentas tóxicas.

A la estrategia de erosionar el Estado de Derecho y las instituciones de la democracia por parte de grupos ultras, contribuyen medios y plataformas digitales que nada tienen que ver con un ejercicio profesional del periodismo ni con el derecho a la libertad de prensa, recogida con sus límites en el artículo 20 de la Constitución.

Este artículo consagra el derecho a la libertad de expresión, recogiendo también el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. En realidad, la libertad de expresión e información nunca es absoluta, por cuanto que dicho artículo señala que “estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

La prensa es un pilar de la democracia y resulta imprescindible garantizar la transparencia ante la sociedad sobre quiénes tienen la propiedad de los diferentes medios, cuáles son sus vías de financiación y qué campañas de publicidad y recursos institucionales reciben. La permanencia de la actual opacidad es inadmisible en una democracia.

De entrada, la publicidad institucional siempre ha sido una vía efectiva para financiar desde la administración a medios de comunicación insolventes promovidos claramente desde un sector político, así como para subrayar la dependencia de medios de las ayudas que conceden las administraciones. Una vez alineados con los intereses y estrategias de un partido político gobernante, lo siguiente es promover un tratamiento informativo a su favor y alimentar campañas contra los adversarios.  

Para garantizar el rigor de los contenidos informativos y el derecho de la ciudadanía a recibir una información independiente y veraz, es preciso conocer el alcance de las aportaciones económicas que reciben de grandes empresas privadas así como las ayudas de instituciones y empresas públicas a los medios de comunicación. No es admisible que se alimenten, con una financiación opaca y discriminatoria, la desinformación y las estrategias de manipulación de la opinión pública.

Al hilo de la reflexión provocada en aquellos cinco días de mayo por el Presidente Pedro Sánchez, y reconociendo que vamos con retraso en el objetivo de lograr la regeneración de la vida política, debemos dotar a nuestra democracia de las medidas precisas para combatir un fenómeno tan complejo como es la desinformación.

Los Códigos de Buenas Prácticas profesionales y la autorregulación por parte de las propias corporaciones tecnológicas dueñas de las grandes plataformas digitales (algo en lo que se imposible confiar) como causantes del estado de desinformación, no son garantía suficiente para afrontar un problema que ha adquirido tal dimensión que se ha convertido en una amenaza real para la supervivencia de la democracia. A estas alturas, poner paños calientes es no querer comprometerse en la búsqueda de una regulación valiente y ajustada a derecho.

La reflexión sobre cómo reforzar la credibilidad de la democracia y la confianza en sus instituciones coincidió con la aprobación por el Europarlamento del Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, en marzo de 2024. En esa ley, se abordan las medidas para evitar y sancionar las injerencias políticas, la defensa del pluralismo informativo y la libertad de prensa, la salvaguarda de la independencia de los medios y profesionales, la aplicación de la transparencia financiera y los peligros de la desinformación en caso de injerencia desde fuera de la UE.

La regulación de la desinformación está ausente en esta norma y se contempla de manera limitada, y sin ninguna referencia a lo que pudieran constituir supuestos de desinformación ilegal, en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de 2022, de aplicación a las plataformas digitales de los gigantes tecnológicos.

Por tanto, para avanzar en la definición de la desinformación considero necesario el desarrollo de ese Reglamento en España, dentro de los criterios que establece la norma europea. Será una tarea del Gobierno y del Parlamento que exigirá la búsqueda de un imprescindible consenso amplio para tipificar en una ley los supuestos de desinformación ilegal. En concreto, los casos de informaciones falsas contrastadas, realizadas con intencionalidad de engañar y que se consideren de contenido grave por afectar a la libre convivencia ciudadana, a procesos electorales, a servicios públicos esenciales en situaciones de crisis, a las derechos fundamentales de las personas, a la salud y seguridad de la población o a la soberanía nacional. La ley debiera hacer especial referencia a la desinformación que provenga de cuentas tóxicas y obedezca a campañas organizadas y automatizadas, con empleo de bots que busquen desestabilizar las instituciones de la democracia.

La desinformación es un concepto discutible, difícil de definir y resbaladizo en una sociedad garante de la libertad de expresión y de prensa. Pero de trata de clarificar cuándo estamos ante una información de carácter ilegal para actuar y sancionar con rigor, así como de hacer posible, mediante esa nueva ley nacional, una intervención judicial para ordenar a las plataformas digitales la retirada de las redes -con inmediatez- de aquellos contenidos de desinformación que la ley considere ilegales.

Por otra parte, será necesario reforzar las competencias del organismo español (la CNMC, aunque aún no ha iniciado su tarea) encargado por el Gobierno de la función de supervisor y coordinador de la aplicación de la DSA en España, para imponer sanciones o bien para proponerlas a Bruselas contra aquellas plataformas digitales que favorezcan la desinformación ilícita o de alto riesgo en situaciones de crisis o emergencia. Actuaciones de sanción que, en todo caso, han de estar debidamente justificadas y proporcionadas para no afectar a la libertad de prensa ni caer en la censura.

Así mismo, ante el fenómeno de una desinformación cada vez más numerosa y descontrolada, y dado que en ocasiones la opinión pública no acierta a distinguir entre una información falsa, cierta, errónea o engañosa, es preciso favorecer desde los poderes públicos de la UE y de España el acceso de la ciudadanía a aquellas organizaciones privadas rigurosas que facilitan el contraste y la verificación de datos y noticias. De ese modo, se promueve la alfabetización y educación mediática de la población, cooperando el Estado con dichas entidades independientes con el objetivo de mejorar el control y poner freno a los efectos de la manipulación informativa a base de noticias falsas, bulos e injurias.

Odón Elorza / Licenciado en Derecho y Ex diputado del PSOE 2012-2022.  
San Sebastián 7 de mayo de 2024. Publicado en InfoLibre / Actualizado el 14 de diciembre de 2024.