Una Red Social europea y de servicio público frente al ciberpopulismo.

El multimillonario y polémico Elon Musk, con un patrimonio tasado en unos 264.000 millones de dólares y negocios en sectores estratégicos como el espacial y el automovilístico, se hizo con la propiedad de Twitter (ahora llamada red X) y ha expresado con claridad sus posiciones políticas y los objetivos de negocio que persigue en la gestión de la red social X. Sus declaraciones han provocado una enorme preocupación entre aquellos demócratas que regalamos nuestros datos cuando usamos esa “plaza” de expresión y comunicación digital, cada vez más tóxica y que ofrece riesgos sistémicos. 

Lo cierto es que estamos “voluntariamente en sus manos”; Musk pone el terreno de juego, las reglas que le convienen y los algorítmicos. Lo más llamativo es comprobar, cada día, cómo los grandes líderes del planeta priorizan las redes en internet para comunicar y dar sus exclusivas. Hablamos de unas herramientas que están en manos de gigantes tecnológicos ajenos al respeto a los valores éticos, a la información veraz y a los principios de una sociedad democrática. 

Resulta evidente que ni Musk, uno de los principales donantes a la campaña de Trump, ni las grandes plataformas tecnológicas están dispuestas a hacer filantropía en el mercado digital ni a ejercer una autorregulación responsable en la gestión de las redes sociales. Por eso no se comprometen con la moderación de contenidos. Pasan de los Reglamentos y Directivas de la UE sobre Servicios Digitales y Desinformación. Normas de la UE que recogen una regulación en defensa de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, el Estado de derecho, el honor de las personas y la protección de la infancia. 

Las plataformas tecnológicas priorizan su soberanía digital sin aceptar condiciones ni una regulación legislativa global. Esas empresas siguen criterios y reglas de funcionamiento que responden a una situación de oligopolio, alimentan un consumo enfermizo de sus servicios, hacen negocio con el big data por el poder que les da manejar datos personales e información a conveniencia y extienden la desinformación.

De ahí la necesidad de aplicar con firmeza una regulación precisa para el funcionamiento de las redes por parte de los Estados miembros de la UE y de la Comisión Europea. Un Reglamento que permite sancionar los contenidos ilegales, los discursos de incitación al odio, la desestabilización y la práctica de las fake news, así como que impida la estrategia de desinformación viral por parte de quienes actúan desde la extrema derecha o el tecnofascismo y se han convertido en una amenaza real para el sistema democrático.

Todos los espacios accesibles al público en internet son propiedad de cinco macroempresas tecnológicas con posicionamientos ideológicos en muchos casos trumpistas. En los tiempos convulsos que vivimos tienen el control y el uso de la comunicación en sus manos, así pueden “dar forma” a la opinión pública y aprovechar el poder que ofrecen las redes sociales para sembrar incertidumbres, miedo y colonizar al electorado. Este escenario debe empujar a los demócratas a reflexionar también sobre la idea de una alternativa de redes realmente sociales que aporten confianza digital a la ciudadanía.

Lo que planteo no es una quimera ni un ejercicio de voluntarismo. Propongo como demócrata, en competencia con las ofertas privadas, un modelo de escala europea para una red configurada como servicio público que funcione con criterios de ética democrática, transparencia y gestionado por un órgano independiente de la UE. Un modelo que nazca desde una alianza de entidades, empresas y sectores con vocación pública al servicio de los intereses generales de la población. Es la única manera de ayudar a preservar nuestra soberanía informativa, tecnológica y política en el marco de la UE.

Necesitamos un modelo de red social que no sirva a los intereses privados de las empresas ni a intereses partidistas de ningún gobierno. De igual manera que también precisamos unos medios de comunicación públicos sometidos a un control democrático que garantice rigor, profesionalidad y respeto al pluralismo. Unos medios informativos que han de ser gestionados por un organismo que sea realmente independiente del gobierno de turno y de los poderes económicos. A los medios públicos de comunicación hay que exigirles credibilidad e imparcialidad así como transparencia en su financiación y mecanismos de verificación o contraste de las noticias en tiempo real. Buena parte de esas exigencias se han establecido este año por ley del Europarlamento (Libertad de Medios de Comunicación) aplicable también para los medios de comunicación privados.

En el caso de las redes sociales, se trata de garantizar a la ciudadanía un instrumento para poder comunicar, debatir e intercambiar opiniones y contenidos que no esté sometido a las conveniencias del negocio privado ni a las provocaciones, injurias y amenazas de cuentas anónimas o de bots. Cierto que es un objetivo difícil -no imposible- y propio del ámbito y las competencias de la UE. Por ello, en el Congreso de España  y en el Parlamento Europeo, los partidos políticos democráticos tendrían que avanzar en esta iniciativa con una voluntad clara en favor de crear una red social europea de servicio público.

Además de dar respuestas globales a la crisis climática y sus transiciones, así como a la crisis de las migraciones, los poderes democráticos del planeta tendrán que afrontar otro complejo reto: una regulación eficaz en el ámbito de la IA y las redes sociales. Hoy, están en manos de grupos privados de ideología ultraliberal y populista que promueven la desinformación, la distopía y la posverdad. Si no actuamos, los enemigos de la democracia tienen todas las de ganar.

Odón Elorza / Ex Diputado del PSOE y miembro del Comité Federal.

Publicado en público.es el 10 de agosto de 2023 / Actualizado el 15-8-2024.