España debate una Amnistía constitucional.

He leído con detalle el texto de la Ley de Amnistía y considero que recoge una buena fundamentación jurídica sobre su constitucionalidad. La búsqueda de la convivencia (palabra que aparece muy repetida), del interés general, la utilidad social, la igualdad ante la ley y el diálogo para avanzar en la superación del conflicto son principios constitucionales que se remarcan y cuya aplicación se explica en esta Ley Orgánica que debatirá un Parlamento soberano.

La construcción de la ley en base a estos conceptos es clave para blindar la constitucionalidad de una Amnistía, ejemplo de generosidad democrática y de respeto al pluralismo. No obstante, la justificación sobre la oportunidad política de la medida me parece discutible.

Es evidente el giro que dio Pedro Sánchez tras la campaña electoral como precio a pagar para presidir un gobierno de progreso. Sin embargo, echo en falta en la exposición de motivos un reproche explícito al uso de la vía unilateral de independencia y un relato que describa la gravedad de las decisiones ilegales de Puigdemont y sus colaboradores.  

Esperaba que el PSOE incluyera en sus acuerdos con Junts y ERC -como contrapartida de estos- el desistimiento de la vía unilateral; un compromiso claro de no repetición. Pero la Ley, que realiza un canto al pactismo y a la reconciliación, se limita a señalar (pág. 5) que “todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional”. Me resulta insuficiente.

Se trata de una ley singular y excepcional. Además de recurrible. Es lógico que, tras el ataque al Estado de Derecho y la conmoción que produjo la DUI de Puigdemont, una Amnistía suscite rechazo y dudas en la sociedad.

Por ello el nuevo gobierno, una vez que no valoró la necesidad de un mayor consenso, tendrá que explicarla muy bien, con humildad y prudencia. En especial, tras “el acuerdo sobre desacuerdos” firmado en Bruselas con Junts que incluyó un relato de la historia y de los hechos con concesiones indigestas para muchos socialistas.

Para quienes calificaron como Golpe de Estado lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017, acusación que no compartieron los jueces en sus sentencias, cualquier medida del Gobierno les parecerá que rompe España y una cesión a los secesionistas. Pero la derecha no propone soluciones; insiste en resucitar a ETA, alimenta la crispación en la calle acusando a Sánchez de dictador y de poner fin a la democracia y niega la legitimidad al próximo gobierno de izquierda.

En España, la democracia resiste condicionada por dos nacionalismos opuestos y excluyentes (el de Junts/ERC y el de PP & V0X) que se retroalimentan, como se ha visto en la investidura. En un escenario de confrontación era preciso defender el modelo federal como marco político y económico para la convivencia, la cooperación y una gobernanza compartida en la España plural. No ha sido así y me duele.

Apoyo con reservas la Amnistía, tras exponer en el Comité Federal mi crítica a los errores de estrategia y a los ejes de negociación del PSOE en el proceso de investidura. Un apoyo en respuesta al discurso catastrofista del PP, al acoso contra el PSOE y a la amenaza de involución social.¡Que la razón nos asista!

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE y miembro del Comité Federal.
San Sebastián, 15 de noviembre de 2023 / Publicado en La Voz de Galicia.