La otra pandemia se llama corruPPción.

Empiezo a sospechar que la disputa provocada por Diaz Ayuso y Casado en la Comunidad de Madrid sobre las medidas adecuadas para salvar vidas, combatiendo eficazmente la pandemia, persigue un doble objetivo.

De un lado, tapar la incapacidad de gestión de la Presidenta de la Comunidad Autonoma para afrontar la emergencia sanitaria, trasladando con torpeza la responsabilidad a Pedro Sanchez y su Gobierno. Por otra parte, se trata de un intento de poner sordina al escandaloso caso de corrupción, Kitchen, que afecta a la cúpula del anterior Gobierno presidido por Mariano Rajoy. 

Entre el coronavirus y sus graves consecuencias en la vida de la ciudadanía, las incertidumbres que se abren para millones de familias en materia de empleo, negocios y futuras pensiones, y la nueva oleada de corrupción, el ambiente político en España se vuelve irrespirable. Es lo que busca VOX cada día con la colaboración suicida del PP. 

Lo más desalentador para el sistema democrático y para la credibilidad de sus instituciones es que sigan apareciendo casos graves de corrupción que implican a altas instancias del Estado. Es la mejor demostración de que las medidas legislativas para la regeneración democrática han de continuar y profundizarse. Tampoco se puede olvidar que la confrontación política llevada al extremo en el Congreso y la ausencia de grandes acuerdos para iniciar la reconstrucción de nuestra economía contribuyen a aumentar la desafección hacia la política. 

Las investigaciones de la policía anticorrupción, de fiscales y jueces afectan, en distinto grado, al Rey emérito, al condecorado ex comisario Villarejo, a mandos policiales y siempre al PP. Ahora con el sumario Kitchen referido a los abusos de poder por parte del Gobierno de Rajoy y del Ministerio de Interior para espiar y neutralizar a Bárcenas, el fiel tesorero de “la indemnización simulada en diferido“. Pero el PP arrastra más sumarios que continúan en tramitación en los juzgados y que volverán a cobrar actualidad para recordarnos que la corrupción, como una pandemia, sigue ahí.

La regeneración democrática no finalizó con la exitosa moción de censura a Rajoy. Lo que vuelve a poner de manifiesto la imperiosa necesidad de afrontar con criterios objetivos y democráticos de valoración del mérito, capacidad, prestigio y garantía de independencia, los procesos de nombramiento de candidat@s para la renovación de los órganos constitucionales y otros organismos supervisores y de control. Para ello, antes tenemos que romper el bloqueo del PP.

Las instituciones del Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, la Presidencia del Consejo de Transparencia, el Defensor del Pueblo y el Consejo de RTVE son claves para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. En esta crisis institucional con el poder judicial, la ciudadanía tiene que constatar que ha cambiado la forma de entender y gestionar la política en favor de priorizar la aplicación real de los valores democráticos a la hora de configurar los organismos. Nadie entendería un mero reparto de cuotas entre partidos. 

Sin embargo, el problema sigue estando en un PP que, por intereses estratégicos partidistas y más aún con la que le viene encima desde los juzgados y la calle, bloquea los nombramientos que corresponde estudiar y acordar al Congreso y Senado en aplicación de lo establecido por la Constitución.

Pretender controlar desde Génova determinadas instancias judiciales, como otra forma de corrupción, ataca algo tan sagrado como la separación de poderes, cuando lo que exige una democracia de calidad es garantizar la imparcialidad e independencia de los jueces, gestionando su elección con el mayor grado de consenso. 

 
* Blog. “Desde la mirilla del diputado”. 

 Por Odón Elorza \ Diputado del PSOE por Gipuzkoa.

San Sebastián, 3 de octubre de 2020.