La Corona: su inviolabilidad medieval y la ausencia de transparencia.

La transición de la dictadura franquista a la joven democracia en 1978, un proceso constituyente  tan valioso como positivo y esforzado, exhibe con el paso del tiempo sus condicionantes y lógicas limitaciones. Al igual que con el paso de los años en la condición humana, afloran facturas de aquel escenario y pecados de algunos protagonistas de la transición. 

Se refuerzan así las razones de quienes defendemos una reforma modernizadora de la Constitución. Una aspiración razonable por el largo tiempo transcurrido y democrática para mejorar su contenido, aunque no parece que el actual contexto político sea el ideal para afrontar semejante reto democrático. Sin embargo, habrá que crear las condiciones para hacer posible, de una vez, la reforma. 

Pero hablemos del Rey emérito. Si nos dicen que el rey no tiene que responder ante un juez y de por vida por todo tipo de actos realizados durante su Jefatura de Estado ni rendir cuentas ante el Parlamento ni hacer público su patrimonio - todo por ser inviolable y no estar sujeto a responsabilidad según la Constitución - se debería reconocer que algo se hizo mal al regular el título de la Corona en la Constitución y que ello causa un daño grave a la democracia en España.

Por tanto, que nadie se alarme si esto se critica, porque es legítimo hacerlo, y se busca el momento adecuado para cambiar semejante dislate, impropio en un Estado de Derecho. Es cierto que, ahora, la reforma constitucional no es una prioridad al vivir una situación excepcional por la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus.

Lo anterior guarda relación con las alarmantes noticias que se publican sobre Don Juan Carlos I, que no puede ser investigado por una Comisión política del Congreso según los letrados de la Cámara, quienes informan que el Rey emérito no tiene que responder sobre nada de su pasado por gozar de inviolabilidad permanente. Un privilegio que no resulta coherente con lo que debiera representar una monarquía parlamentaria en el siglo XXI ni con el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley.

El informe de los letrados.

Los letrados del Congreso se han expresado así ante una nueva ofensiva de grupos parlamentarios para investigar los “negocios privados” y la presunta comisión de delitos económicos por parte de Don Juan Carlos I, ocurridos tras su abdicación el 11 de junio de 2014. Cuestiones que ya estudia la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Los letrados sostienen que la inviolabilidad que otorga la Constitución en su artículo 56.3 al anterior Jefe del Estado, tiene efectos jurídicos permanentes. Recordemos que ese articulo señala: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados (por el Gobierno) en la forma establecida en el artículo 64 ...”

En su dictamen consultivo, los letrados consideran que se pretende investigar "cuestiones que afectan al ex Jefe del Estado y que, aun pudiendo tener proyección en una etapa posterior a su abdicación, se corresponderían, sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que el rey Don Juan Carlos I era Jefe del Estado y traen causa del mismo hecho de la ocupación de dicha Jefatura por aquél".

Por tanto, mantienen que todo lo que hiciera después el rey emérito con las rentas de las presuntas comisiones cobradas durante su reinado son también objeto de la inviolabilidad constitucional. Aunque pudieran significar posibles actos de corrupción o delito fiscal. Así lo refrendan al asegurar que "pretender una investigación parlamentaria vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constitucionales del Jefe del Estado que despliegan sus efectos de forma permanente". ¿Se equivocan los letrados en su interpretación o bien la Constitución dejó este régimen muy atado para lo que pudiera pasar?

El fiscal suizo.

En definitiva, las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad serían absolutas, abarcarían la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tendrían efectos jurídicos permanentes también sobre actos personales; esto es, de por vida. La última palabra la tiene el fiscal Bertossa de Ginebra que investiga el ingreso de 100 millones de euros en 2008 y otro menor en 2010 en la cuenta de una opaca fundación Lucum, cuyo beneficiario era el rey emérito, en el banco suizo Mirabaud.

Se puede leer en distintos medios que el fiscal suizo ha sido quien ha arrojado luz sobre un caso archivado provisionalmente en septiembre de 2018, en España y en un juzgado de la Audiencia Nacional, por sus “débiles” indicios y por la inviolabilidad penal del rey emérito cuando se produjeron los hechos. El fiscal suizo envió a la Audiencia Nacional una comisión rogatoria en la que describía los movimientos de la cuenta del anterior Jefe de Estado.

La redacción de la Constitución, sometida a ciertos condicionantes políticos de la pre-democracia, consagró en el artículo 56 referido a la monarquía una inviolabilidad que significa la exención total de responsabilidad civil o penal para la persona del rey. Algo más propio de la Edad Media.

Pero ... digámoslo claro: una parte de la opinión pública no olvidará las informaciones aparecidas en medios en España y en el extranjero sobre un presunto cobro de comisiones con ocasión de las obras de construcción del AVE de La Meca a Medina, realizadas por un gran consorcio de doce empresas y entidades españolas.

La nota de Zarzuela y el descrédito.

En mi opinión, la monarquía española sale muy tocada. A ello ha contribuido el comunicado de La Zarzuela el pasado 15 de marzo, la noche de un domingo en la que toda España estaba pendiente de la decisiva declaración por el Gobierno del estado de alarma para combatir el coronavirus.

Aquella nota se emitió por sorpresa, ante la aparición de nuevas noticias en medios foráneos. En aquella nota el actual rey, Don Felipe VI, da a entender posibles actuaciones irregulares de su padre a quien deja en evidencia, le retira la asignación, renuncia a una herencia dudosa, señala a una fundación opaca y abre buen número de preguntas que no tendrán respuesta en clave de transparencia y prácticas democráticas.

Sin embargo, afirmo que sería un error avanzar por encima del informe de los letrados del Congreso. Habría mucha más crispación, malestar en ámbitos militares y policiales, conflicto en la calle con ultras y cayetanos y traslado de la bronca al Tribunal Constitucional. Además de que no aceptaría comparecer ni el Tato. Todo en detrimento del objetivo central de la reconstrucción de España tras el COVID-19. Considero que es mejor esperar a la decisión motivada del Fiscal del Supremo y crear un estado de opinión con razonamientos democráticos. Toca una espera vigilante. 

En cualquier caso, los acontecimientos dañan a la Familia Real y a su Corte política y tendrían que hacerles reflexionar. El Rey debería ser inviolable pero solo en relación con el ejercicio de sus funciones sometidas a refrendo. Del resto de sus actuaciones, en todo momento, debiera responder ante el juez en régimen de aforado y, en su caso, ante el Parlamento. Al igual que toda la Familia Real debiera dar cuenta pública, regularmente, de su patrimonio con total transparencia, como hacemos cientos de políticos y altos cargos. Ayudaría a reforzar nuestra democracia y a recuperar el prestigio de la monarquía. Lo dice un republicano despistado.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián 22 de junio de 2020.