Moción al Congreso sobre las Medidas a adoptar para regenerar la política y mejorar la calidad de la democracia. (Presentada el 6 de noviembre de 2012)

                  A la Mesa del Congreso de los Diputados. ( 6 de noviembre de 2012)

El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 148.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente relativa a “las Medidas a adoptar para regenerar la política y mejorar la calidad de la democracia”.

                                            EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Al día de hoy el Gobierno del Presidente Rajoy y la oposición parlamentaria no podemos ignorar la existencia de un elevado descontento de la ciudadanía hacia la política, unido a un descrédito de los políticos, partidos e instituciones. La sociedad española desconfía del sistema institucional por los vicios acumulados y por la forma en la que los representantes políticos, en diferentes ámbitos de responsabilidad y competencias, desempeñamos el papel que los electores nos han encomendado. Desconfianza, en suma, con el papel que está haciendo la política frente a la crisis económica e indignación ciudadana por la falta total de equidad en el reparto de sacrificios a la hora de afrontar la crisis económica y financiera.

Todo ello se produce en el marco de una democracia que ha perdido calidad y de unos poderes públicos mediatizados en sus decisiones por las condiciones que marca la Troika y las presiones de los mercados especulativos. Una situación que empuja a la ciudadanía a la calle y que expresa el fracaso de la política y del Parlamento como depositario de la soberanía popular.

Las manifestaciones de rechazo, iniciadas por el 15-M en la última etapa del gobierno socialista, han aumentado en el mandato del gobierno del Presidente Rajoy tras el triunfo el 20-N del Partido Popular. Y son consecuencia de la intensificación de las políticas de ajuste presupuestario y de los recortes sustanciales de derechos sociales y laborales que están en la base de esa irritación ciudadana. La respuesta se viene reflejando en importantes protestas que se han desarrollado en los últimos meses en distintas ciudades españolas y especialmente en Madrid.

Sin embargo, el Gobierno no propone medidas al Congreso, de acuerdo con la oposición, para regenerar la vida política con el objetivo de afrontar la crisis en mejores condiciones e impulsar una democracia más avanzada y de más calidad, acercando así el Parlamento a la ciudadanía. Y no lo hace porque es responsable de un rápido proceso de degradación de la democracia por los impedimentos que pone el PP, aprovechando su mayoría absoluta, a los mecanismos de control del Parlamento sobre el ejecutivo. Esto se traduce en la falta de transparencia y de rendición de cuentas por el gobierno y en las escasas oportunidades de participación para la ciudadanía.

La realidad es que se impiden comparecencias del Gobierno en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas, explicar decisiones de trascendencia o debatir sobre las condiciones de los rescates; se suprime el debate sobre el estado de la nación; se dio apoyo inexplicable al juez Dívar; rechazan la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de Bankia y el sistema financiero recapitalizado con dinero público; proponen la disolución del Tribunal Constitucional porque no les gusta la sentencia sobre Sortu; cambian el modelo de pluralismo, profesional e independiente de RTVE; se rechaza el diálogo con los Mineros incumpliendo sus compromisos electorales; aceptaron sólo tres enmiendas y sin contenido económico sobre las más de 3.000 presentadas por la oposición en el pasado debate del Presupuesto 2012; se incumplen buen número de compromisos electorales subiendo impuestos y recortando derechos sociales básicos; se actúa con prepotencia abusando de la tramitación de Decretos-Leyes como la Reforma Laboral; etc, etc.

Estas decisiones están vaciando peligrosamente de contenido a un Parlamento que, en estos momentos de convulsión, debería ser más que nunca el centro de la vida política. Por otra parte, los nombramientos para los diferentes organismos del Estado se siguen realizando con criterios y cuotas partidistas que no garantizan la imparcialidad en las labores que tienen encomendadas. El último ejemplo es precisamente el criterio aplicado en el nombramiento de la presidencia de la CNMV.

La Cámara del Congreso debe reflexionar sobre si las situaciones descritas no son un caldo de cultivo para los discursos populistas que persiguen deslegitimar la política, algo que el Gobierno no puede alimentar. Las mismas que han generado un amplio movimiento político ciudadano del que han surgido plataformas sociales que reclaman una democracia más real y representativa, cercana, avanzada y participativa.

Hemos de ser conscientes de que el déficit y las carencias democráticas vienen de atrás, que a lo largo de los años el sistema institucional ha venido acumulando desviaciones y errores y que la evolución de la sociedad y sus requerimientos no se han traducido en transformaciones del funcionamiento de nuestra democracia. Lo cierto es que resulta innegable el deterioro de la democracia como consecuencia de la corrupción, del distanciamiento de la política de la ciudadanía, de la incapacidad del Gobierno y del Parlamento de tomar decisiones con total libertad ante la crisis económica, del peso de la partitocracia y de la falta de nuevos cauces de control y participación de la ciudadanía en las decisiones. Y corremos el riesgo de que el hueco que van dejando las ideas democráticas se vea ocupado por ideas populistas y autoritarias.

Por eso, el PSOE entiende que es urgente devolver, con medidas concretas y desde el consenso, la dignidad a la política, abordando la revisión de normas y comportamientos, recuperando el principio de que la política ha de estar al servicio de la ciudadanía como una tarea cargada de ética y honestidad.

Regenerar la política significa actuar sobre el sistema institucional y el mundo de la política, proponiendo aquellas reformas legales que permitan conectar de nuevo a los políticos con la ciudadanía innovando los sistemas de elección, participación y representación, garantizando los procesos de seguimiento y control de las políticas del gobierno desarrolladas a lo largo de la legislatura, combatiendo con eficacia la corrupción, favoreciendo el funcionamiento independiente y eficiente de organismos reguladores y de control del ejecutivo, democratizando más el funcionamiento de los partidos y haciendo realidad la máxima transparencia de las administraciones públicas.

Por tanto, se impone una necesaria reflexión sobre nuestro modelo de democracia, surgida hace más de 30 años con todos los condicionantes y limitaciones del periodo de transición de la dictadura a la democracia en España. La tarea hoy es adecuarlo a los nuevos tiempos. Sin olvidar que los partidos políticos, acusados de estar anquilosados, han de ser actores fundamentales en el fortalecimiento de la democracia.

Por ello, tenemos que revitalizar su democracia interna, su forma de elegir sus candidatos, dotándonos de mecanismos que hagan de los Partidos organizaciones humanas más transparentes, abiertas a la sociedad, que sean percibidas por la ciudadanía como un instrumento eficiente para la organización de la convivencia y que ayuden a devolver la credibilidad a la política.

La crisis económica y política que padecemos representa una oportunidad para abordar cambios normativos, transformaciones de comportamientos y nuevas reglas políticas que refuercen la democracia. Hoy, más que nunca, necesitamos más y mejor democracia; esa es también la alternativa para combatir la crisis desde una gobernanza abierta que cuente con la implicación y complicidad de toda una sociedad que busca desesperadamente agarrarse a una esperanza de futuro. Y para ello debemos estar dispuestos a defender, incluso, la reforma de la Constitución.

Las razones expuestas llevan al Grupo Parlamentario Socialista a instar al gobierno la presentación de un Plan de Medidas sobre la regeneración democrática. Este proceso de debate en el Congreso entre los Grupos, deberá estar acompañado de la apertura de una metodología que garantice también el debate público y la participación de los movimientos sociales.

Por todo ello, como consecuencia de la Interpelación presentada anteriormente por este Grupo Parlamentario, se formula la siguiente MOCIÓN

A. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a :

1. Presentar a la Cámara un Plan para la regeneración de la política y la mejora de la calidad de la democracia en España que contenga, entre otras, medidas dirigidas a:

- reforzar la democracia interna en el funcionamiento de la vida de los partidos, estableciendo el modelo de primarias para la designación de candidatos, haciendo obligatoria la publicación en la web de las vías de financiación, los estados financieros y cuentas generales de los partidos y sus fundaciones, los informes del Tribunal de Cuentas, la declaración de bienes, retribuciones y actividades de los cargos públicos, así como una memoria anual dando cuenta del grado de cumplimiento de las promesas electorales;

- establecer un sistema de elección no partidista para la designación de los miembros de los diferentes organismos del Estado, como el Tribunal de Constitucional, Tribunal de Cuentas, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España, Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Fiscal General del Estado, etc., de modo que se prime la capacidad y méritos en la elección y quede garantizada la independencia en la gestión de todos los organismos;

- impulsar una mayor participación directa de la ciudadanía en la política con el reforzamiento del papel de la Iniciativa Legislativa Popular, agilizando la tramitación de sus iniciativas y añadiendo mecanismos oportunos de intervención de la Comisión Promotora en las diferentes fases de la tramitación parlamentaria; incorporado, además la iniciativa popular para convocar los referendos ciudadanos como nueva herramienta de participación democrática;

- eliminar deficiencias en el sistema para garantizar una “administración de cristal” en la que la prevención, control y denuncia de los casos de corrupción y la eliminación de cualquier práctica corrupta, resulten efectivas. Para ello, se debe acertar al fijar los criterios de transparencia a seguir por las administraciones en la contratación y concesión de ayudas y favorecer el ejercicio pleno de todas sus facultades y de las actuaciones por parte de las instancias de control administrativo, como los Tribunales de Cuentas, asesoría jurídica e intervención, así como la tutela judicial sobre las administraciones.

2. Establecer, mediante un pacto con los Grupos Parlamentarios, los contenidos de la reforma de la administración local, tanto en lo que se refiere a las competencias, financiación y estructura política de los Ayuntamientos y al papel de las Diputaciones, como en la parte que garantice el pluralismo político y el funcionamiento de una democracia local más participativa.

3. Abordar una reforma electoral partiendo del informe del Consejo de Estado, que sustituya el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por listas desbloqueadas que permita mayor libertad de elección a los votantes y un aumento de legitimidad de los representantes, que permita la elección directa del alcalde por los ciudadanos, que mejore la proporcionalidad del sistema electoral sin causar un perjuicio grave a la gobernabilidad y que establezca una limitación de mandatos en el desempeño de cargos públicos e impida su acumulación.

4. Conseguir el mayor consenso posible con los Grupos parlamentarios durante la tramitación parlamentaria para que el “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” se convierta en un instrumento clave para combatir la corrupción desarrollando sus efectos disuasorios y preventivos, así como para facilitar a la ciudadanía el acceso a las decisiones.

5. Aprobar un Código de Buen Gobierno, destinado a los propios miembros del gobierno así como a los integrantes de órganos de colaboración y altos cargos para el mejor desempeño de sus funciones, conforme a los principios éticos y de conducta, que incluya la publicación de la declaración de los bienes y actividades de los cargos públicos en un formato que favorezca la reutilización de los datos por parte de la sociedad civil.

6. Encargar a un Observatorio o entidad independiente la redacción de un informe público anual sobre la calidad de la democracia en España y los incumplimientos de sus obligaciones por parte de las diferentes administraciones y partidos, en especial en materia de transparencia y actuaciones sobre la corrupción, que incluya un "mapa de la corrupción". El informe será presentado ante el Congreso de los Diputados.

7. Adoptar medidas que fomenten una nueva forma de relación entre la Administración y la ciudadanía basada en la transparencia y orientada al establecimiento del llamado “Gobierno Abierto", garantizando el derecho de acceso a la información y la participación ciudadana como mecanismos de impulso de la democracia representativa, aprovechando las nuevas tecnologías para que todas las Administraciones Públicas den a conocer sus iniciativas y acciones a través de formatos de datos abiertos y reutilizables, permitan el acceso ciudadano a la información y reciban las valoraciones y propuestas ciudadanas como expresión de su participación en la formulación de las políticas.

8. Promover un gran Pacto nacional contra la corrupción entre gobierno, partidos, agentes sociales, instituciones y medios de comunicación para garantizar la aplicación efectiva de todas las medidas disponibles en la lucha por erradicar ese cáncer de la política.

B. El Congreso de los Diputados, así mismo: 

9. Considera que el llamamiento recogido en la “Declaración sobre la transparencia parlamentaria” aprobada en septiembre de 2012 por más de 70 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo es una plataforma de trabajo muy valiosa para generar un mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el trabajo parlamentario y se compromete a estudiar con atención sus propuestas.

10. Acuerda impulsar dentro de la Comisión de Reglamento, por los cauces reglamentariamente previstos, la creación de una Ponencia que elabore un informe sobre posibles reformas del Reglamento del Congreso con el fin de que el parlamento recupere un papel mas activo, propicie el acercamiento entre representantes y representados, refuerce su función legislativa y de control del ejecutivo, abra cauces a la participación de la sociedad civil con ocasión de los procesos legislativos y amplíe la autonomía de los Diputados.

Odón Elorza / Diputado por Gipuzkoa del PSE/PSOE

En el Palacio del Congreso, Madrid a 6 de noviembre de 2012.